Discurso politiquero

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Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia

miércoles, 17 de octubre de 2007

Insurgentes ante la reforma constitucional


Insurgentes
Diferentes organizaciones y personas del país, con trayectorias en las luchas sociales, vinculadas a diversos planteamientos de izquierda crítica y anti-autoritaria, que hemos confluido en el espacio INSURGENTES, fijamos posición ante la “reforma” propuesta por el Presidente de la República:
Las constituciones, en todos los países, reflejan siempre las relaciones de fuerza entre las diversas clases sociales que componen una sociedad. La “reforma” que hoy se propone plasma el triunfo obtenido por el capital trasnacional durante el golpe y el sabotaje petrolero del 2002-2003, concretado en la conformación de las Empresas Mixtas y la entrega de nuevas concesiones minero-petroleras al capital extranjero.

La “reforma” actual y las que seguramente vendrán, se inscriben dentro de los planes de reacomodo del capitalismo mundial para derribar los obstáculos que le impidan aumentar sus ganancias a través del control de las fuentes de riqueza energética y minera, la libre circulación de capital, bienes y servicios. Esto es lo que se ha llamado globalización o mundialización de la economía, reivindicando la naturaleza depredadora del capital mundial.

Venezuela, como proveedor energético, minero y de divisas, se convierte así en uno de los soportes de la economía capitalista, insertada completamente en el modelo civilizatorio perverso y genocida, dando un vital espaldarazo a la rentabilidad de las grandes empresas energéticas y mineras.

El objetivo principal que persigue el gran capital con esta “reforma” es dar rango constitucional a la propiedad mixta con el capital privado (vía empresas mixtas), lo que implica la entrega de la soberanía a las trasnacionales, no sólo en petróleo sino también en la minería y todos los servicios públicos. (Artículos 112, 113, 115, 301,303) Se legaliza el hecho consumado por la Asamblea Nacional en el año 2006, cuando sin realizar consulta alguna, aprobó el Contrato Marco de las Empresas Mixtas. Por medio de esta figura las empresas petroleras trasnacionales cambian su rol de prestadoras de servicios, a propietarias del 40% de los hidrocarburos que están en el subsuelo del territorio venezolano. Esto representa la esencia de la “reforma” y explica la celeridad que se le quiere dar al proceso para llevar al pueblo a legitimar electoralmente esta nueva estafa política. Una vez logrado su objetivo primordial, el capitalismo globalizado le permitirá al gobierno bolivariano una serie de cambios complementarios para asegurar la profundización y estabilidad del nuevo modelo entreguista. A partir de este momento la propiedad mixta Estado- capital internacional se convierte en la base económica de toda la sociedad, no sólo en la industria petrolera, sino en todas las ramas de la economía.

Para el logro de estos fines el gobierno – en beneficio del capital internacional- tiene la necesidad de introducir entre otros, los siguientes cambios:

1) Concentración del poder en el Presidente de la República (Artículos 11, 16, 18, 70, 136, 141, 156, 158, 167, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329 y las disposiciones transitorias), en flagrante contradicción con el principio de participación y protagonismo popular. En efecto, en la “reforma” propuesta se le otorgan al Presidente los más amplios poderes, no sometidos a control alguno: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Administrador de la Hacienda Pública y del Presupuesto Nacional, Suscriptor y Ratificador de Acuerdos y Tratados Internacionales, Jefe Máximo de la Fuerza Armada con poder para intervenir en todas sus unidades y decidir los ascensos de sus oficiales, Creador y Fiscalizador de Nuevos Entes Territoriales y Poderes Públicos, Generador de Presupuesto para las Misiones, designa a los vicepresidentes, establece y dispone de las reservas internacionales, controla y dirige el Consejo Nacional de Gobierno y el Consejo de Estado y establece y dirige unipersonalmente el Plan de Desarrollo del País. Es notoria la usurpación del derecho a elegir las autoridades locales y regionales al otorgarse el Presidente de la República la facultad para nombrarlas, contradiciendo su propuesta de elección de cargos públicos (art. 70)

2) Burocratización y control del movimiento popular (a través de la modificación de los Artículos 67, 70, 136, 141 y 184). El Estado norma y reglamenta en un formato único y obligatorio de participación, al que se le da el nombre de Poder Popular, nacido y administrado desde los poderes establecidos. El Poder Ejecutivo Nacional dirige por completo la dinámica comunitaria en aras de arrebatarle la autonomía histórica que han tenido los movimientos sociales en Venezuela. El poder, que constitucionalmente reside en el soberano, es usurpado y ahora es arbitraria e inconstitucionalmente “transferido” a éste por el Presidente. Para poder participar en el llamado Poder Popular, es obligatorio estar inscrito en las organizaciones predefinidas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que presupone de hecho la pérdida de los derechos a la libre organización y participación contenidos en el propio artículo 67.

3) Se legaliza la desregularización o flexibilización de la mano de obra, y se le presenta a los trabajadores(as) como un avance revolucionario para aprobar la reforma. (Artículos 70, 87, 90, 141) Se retoma la bandera histórica de la reducción de la jornada laboral, para ajustar las relaciones laborales a las exigencias del capitalismo globalizado, quien depende cada vez menos del trabajo para la acumulación de capital. Las grandes corporaciones mundiales han ido imponiendo progresivamente la modalidad del empleo temporal, remunerado por horas trabajadas, a manera de desprenderse del estorbo en que se han convertido los trabajadores en esta nueva realidad mundial. La CRBV contempla en su artículo 90, la reducción de la jornada de trabajo sin necesidad de ninguna reforma; en el Art. 86 el establecimiento de un sistema nacional de seguridad social gratuito, universal y público; en el art. 92 y la disposición transitoria 4ta númeral 3, la retroactividad de las prestaciones sociales a través de leyes especiales que el gobierno estaba obligado a promulgar. El tiempo libre prometido será programado y organizado por los patronos o las patronas (Art.90)

4) Se militariza la sociedad venezolana. (Artículos 11, 328, 329 y las disposiciones transitorias)

El viejo sueño de Washington de convertir a los militares latinoamericanos en agentes de contrainsurgencia, represores en los conflictos internos y de combate antidrogas se cristaliza al incorporar a la nueva doctrina militar el papel de la Fuerza Armada Bolivariana, incluyendo a la milicia popular bolivariana, en el mantenimiento del orden público y la paz interna, así como funciones de policía administrativa y de investigación penal. Esta dimensión de los cambios propuestos afectará y agravará directamente la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. La militarización existente en todos los órdenes de nuestra sociedad no es más que el preludio para el establecimiento de un Estado Policiaco cuya coronación son la ley de Policía Nacional y la Ley Contra el Terrorismo, ambas aprobadas a nivel del ejecutivo y que son la verdadera carta bajo la manga detrás de esta propuesta de reforma

La esencia capitalista del Estado venezolano no se reforma, sino que se profundiza En la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, en sus artículos 299, 301, 303 se le otorgó a la iniciativa privada junto al Estado el rol de promover el desarrollo del país; a la inversión extranjera el mismo trato y beneficios que al capital local y se legalizaron las empresas mixtas en la industria petrolera; estos artículos, esencia del régimen socio-económico del país, permanecen sin cambios y, las alteraciones a los artículos 112, 113 y 115 propuestas en la “reforma” son precisamente para darle rango constitucional a la creación de empresas mixtas en todas las áreas de la economía nacional, iniciada con la llamada apertura petrolera en la década de 1990. Con la “reforma”, a las transnacionales se le reconoce constitucionalmente la propiedad de una buena parte de nuestras reservas petroleras. Esto explica el empeño oficialista por acelerar la modificación de la Carta Magna, garantizando el rol que desde los centros mundiales de dominación se le ha asignado a nuestro país en la división internacional del capital y el trabajo: que no es más que poner a su disposición las riquezas naturales y la mano de obra barata.

Ratificamos que esto no es una simple “reforma”, estamos ante modificaciones que vulneran y trasgreden principios básicos establecidos en los primeros nueve artículos de la propia constitución.

En síntesis, se quiere establecer en la Constitución, como máxima norma jurídica, la garantía de la gobernabilidad a través de la reelección continua, la militarización de la sociedad, la flexibilización laboral, la concentración del poder político en el Presidente de la República y el control del movimiento popular, fórmulas exigidas por los centros mundiales de poder.

Esta reforma a la Carta Magna no solucionará los problemas de inseguridad, desempleo, vivienda, salud, educación y carencia de protección social que aquejan a los venezolanos y venezolanas, especialmente de los sectores más oprimidos y explotados. Dichos males propios del desarrollo del capitalismo en Venezuela, se han profundizado en los últimos 9 años, debido a la corrupción, improvisación e ineficacia de este gobierno, a pesar de contar con los enormes recursos de la renta petrolera, en medio de la mayor y más sostenida bonanza fiscal vivida por el país en su historia.

Convocamos a obreros, campesins, indígenas, excluids, estudiantes, intelectuales y privads de la libertad, al igual que a las redes sociales, etc., a rechazar la “reforma”. Ésta es el maquillaje para implantar un gobierno concentrado y de mayor eficacia para el desempeño servil de los administradores locales de la globalización.

Sólo una constitución nacida de hechos constituyentes producto de luchas sociales y no derivada de los poderes constituidos, puede llevar a cabo los cambios que la sociedad venezolana reclama desde la llegada a estas tierras de la llamada “civilización occidental”

Para lograr esto no queda otro camino que la lucha social permanente contra todos los poderes establecidos.